jueves, 30 de mayo de 2013

¿Humor o realidad? Privacidad y protección de datos en la red

Colaboración de Daniel A. López Carballo

Hace unos días me remitían a modo de broma un supuesto dialogo, que saco a colación al ser muy ilustrativo.

“- ¡Pizzería GOOGLE, buenas noches, dígame!
- ¿Pizzería qué?
- Pizzería GOOGLE, señor. ¿Cuál es su pedido?
- Pero… ¿no es la Pizzería Washington?
- Era, señor, era, G00GLE ha comprado la pizzería y ahora el servicio es más completo.
- Estupendo. ¿Puede Usted tomar nota de mi pedido, por favor?
- Naturalmente, ¿el Señor desea lo de siempre?
- ¿¿¿¡¡¡Lo de siempre!!!??? ¿Es que me conoce?
- Tenemos un identificador de llamadas y, de acuerdo con su teléfono, sabemos que las últimas 53 veces que llamó pidió una pizza mixta de cuatro quesos y calabresa con una cerveza bien fría.
- ¡Vaya, no me había dado cuenta…! Bien, pues quiero lo mismo.
- Señor, ¿puedo hacerle una sugerencia?
- Por supuesto. ¿Tiene una pizza nueva en el menú?
- No, señor. Nuestro menú es muy completo, pero me gustaría sugerirle la de ricota y récula con un botellín de agua de mineralización baja.
- ¿Ricota? ¿Récula? ¿Mineralización baja? ¿Pero está usted loco? Yo odio esas cosas.
- Pero, señor, son buenas para su salud. Además, su colesterol está por las nubes…
- ¿Y Usted cómo lo sabe?
- Mire, señor, nuestra empresa tiene la mayor base de datos del planeta. Hemos cruzado su llamada con su nombre y tenemos a la vista la información del laboratorio donde le hacen a Usted las pruebas.
- ¡Joder con la base de datos!, no quiero pizza de queso suave y ensalada para nada, por eso me estoy medicando y como lo que me da la gana…, ¿se entera?
- Señor, lo siento, pero creo que usted no ha tomado su medicina últimamente.
- ¿Ah sí y cómo coño lo sabes? ¿Es que por casualidad me estás mirando todo el santo día?
- ¡No qué va!, es que también tenemos la base de datos de las farmacias de la ciudad. La última vez que compró su medicamento para el colesterol fue hace 3 meses. Y la caja contiene 30 comprimidos.
- ¡Maldita sea! Es cierto. ¿Y cómo es que también sabes eso?
- Por su tarjeta de crédito, señor…
- ¿¿¿¡¡¡Qué!!!???
- Sí, tiene Usted el hábito de comprar sus medicamentos en una farmacia que le ofrece descuentos si se paga con tarjeta de crédito del Banco BANG BANG. Tenemos una base de datos de sus gastos con la tarjeta. Hace 3 meses que no ha comprado nada allí, pero, en cambio, sí la utiliza en otros establecimientos, lo cual nos indica que no la ha extraviado.
- ¿A sí? ¿Y no puedo haber pagado en efectivo en la farmacia?, ¿eh?, ¿eh? A ver qué dices a eso, listillo…
- No es probable, señor. Verá, Usted sólo paga en efectivo 200 € semanales a su empleada doméstica, y el resto de sus gastos los hace siempre con tarjeta de crédito.
- ¡Ay rediez! ¿Y cómo coño sabéis lo que gana mi mujer de hacer faenas?
- Bien le paga la Seguridad Social ¿no…?
- ¡Vete a la mierda!
- Como Usted mande. Lo siento, señor, pero es que todo está en mi pantalla y tengo el deber de ayudarle. Creo que Usted debería volver a programar la consulta con su médico a la que faltó y llevarle los resultados de los exámenes que se hizo el mes pasado, para que le ajuste la medicación.
- Mira guapete, estoy harto de ti, de los ordenadores, de las bases de datos, de Internet, de Google, de Facebook, de Twister, de la falta de privacidad, del siglo XXI, y de este puto país…
- Pero, señor…, por favor, no se excite. No le conviene…
- ¡Cállate de una vez, mamón! Mañana mismo me mudo bien lejos de este puto país. A las Islas Fiji o a cualquier otra parte que no tenga Internet, computadoras, teléfono ni gente vigilándome todo el tiempo…
- Entiendo, señor…
- Voy a usar mi tarjeta de crédito por última vez para comprar un billete de avión e irme a los confines del planeta.
- Perfectamente, señor…,
- Puede cancelar mi pizza. Ya no la quiero.
- De acuerdo, señor…, ya la tiene Usted cancelada. Pero si me permite…, una última cosa más, señor…
- ¿¿¿¡¡¡y ahora qué quieres!!!???
- Solo avisarle, de que tiene su pasaporte caducado”.

Hoy precisamente se publicaba un artículo en el periódico español “El País” “Internet lo sabe (casi) todo de usted”, en el artículo de interesante lectura se menciona como “las autoridades de protección de datos del Estado de Schleswig-Holstein (Alemania) prohibieron en agosto de 2011 el uso del botón Me gusta de Facebook porque entendían que violaba la privacidad de los usuarios. Sus sospechas de que esa información podía servir para crear perfiles con hábitos y preferencias de los internautas se han confirmado. Un grupo de investigadores del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge ha desarrollado un modelo matemático que permite deducir con alto grado de acierto la etnia, la orientación sexual, las tendencias políticas y las creencias religiosas de cualquier persona a partir de los Me gusta que ha pinchado en la red social.

Aquella no era la primera vez que Alemania decidía poner coto a la difusión y tratamiento de información personal en la Red. En 2010, el Gobierno de Angela Merkel aprobó una ley que impedía a los jefes husmear en los perfiles en redes de sus trabajadores en busca de datos personales. Tampoco las empresas de reclutamiento podían buscar las vergüenzas online de los candidatos. Los expertos en protección de datos señalan que, en la práctica, este tipo de medidas son muy difíciles de aplicar.

“El único modo de mantener nuestra privacidad online sería no usar Internet en absoluto. Aunque, como es obvio, eso ni es conveniente, ni posible en muchos casos”, opina Ángel Gutiérrez, coautor del libro Comercio electrónico y privacidad en Internet. “Ya no hace falta que revelemos directamente quiénes somos y lo que nos interesa. Los sitios web lo averiguan por lo que hacemos en Internet”, continúa el experto. ¿Para qué? Para ganar dinero. “El negocio es la publicidad”, indica Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad (Apep). Estamos en la era de la publicidad a la carta. Ya lo habrá notado, ayer entró en algunas páginas de automóviles y hoy le persigue por la World Wide Web el anuncio del coche del año. Esta práctica puede ser molesta e invasiva para algunos y una ventaja para otros, porque evita recibir información comercial que no le interesa”.

Según Jorge Flores, responsable de PantallasAmigas “la gente no lee ni configura la privacidad de los espacios online en los que se desenvuelve”, denuncia Martínez. “Lo ponen muy complicado. No solo es que pongan condiciones que no se entienden, sino que además las cambian continuamente. Nos hacen creer que podemos controlar la privacidad, pero no es verdad”.

No hace mucho la Asociación de Consumidores FACUA, denunciaba a Twitter ante la Agencia Española de Protección de Datos  por almacenar durante dieciocho meses los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de la agenda de los usuarios que hacen uso de la aplicación de la red social desde sus dispositivos iOS y Android.

Cuando el usuario usa la opción “encontrar amigos”, según afirma Twitter “es posible proporcionar información que servirá para adaptar mejor el servicio de Twitter al usuario, como facilitar el teléfono móvil para entregar mensajes o la agenda de direcciones”, según afirma FACUA, los datos “son almacenados automáticamente por la compañía sin el consentimiento expreso del usuario (…) algo que se agrava al tener en cuenta que se esta informando a terceros afectados de esa cesión de datos”, para la Asociación, en la denuncia interpuesta, este tratamiento vulneraria el derecho de información reconocido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en el que se dice que se requiere que cuando los datos nos hayan sido recabados del propio interesado, se deberá informar expresamente (de forma precisa e inequívoca), por el responsable del fichero o representante, dentro de los tres meses siguientes al registro de los datos.

Casi de forma simultanea, Apple informaba que comenzara a exigir que las aplicaciones desarrolladas para sus dispositivos tengan una aprobación explicita del usuario antes de acceder a los datos de sus contactos.

Estas situaciones se repiten en otras redes sociales. Tal y como informaba El País, la aplicación para compartir fotografías Path, captaba números de teléfono y dirección de correo de las agendas de contacto de los usuarios, una vez puesto en conocimiento de la compañía, el Consejero Delegado Dave Morin, pedía disculpas y se comprometía a lanzar una actualización que corrigiera la irregularidad.

FourSquare, emitía un comunicado en que se afirmaba “no guardamos la agenda de nadie, Lo que hacemos es que cuando alguien quiere contactar con sus amigos en FourSquare accedemos a la agenda a través de una conexión segura y los añadimos a los contactos, pero no tomamos ningún datos mas allá ni con ningún fin adicional”.

La polémica viene de tiempo atrás cundo el propio Google modificaba su política de privacidad, tal y como se podía leer en el periódico El País, “las propuestas de consulta en el buscador de Google podrán ser aún más personalizadas dependiendo, por ejemplo, de las preferencias que se indiquen en el perfil de Google+ o en el perfil de un blog alojado en Blogger. O un usuario verá cómo los anuncios que aparecen en su bandeja de entrada de Gmail están relacionados con los documentos que comparte en Google Docs o las fotografías que ha compartido en Picasa”. Dicha combinación de la información que has proporcionado en uno de sus servicios con información de otros servicios, tratándote como un solo usuario a través de todos los productos, implicaría que el buscador te ofrezca información relacionada con las preferencias expresadas mediante el envío de un correo desde Gmail, los gustos de su blog en Blogger, o de los resultados de las busquedas realizadas, combinando los datos introducidos en cada uno de ellos.

El Diario El Mundo, recogiendo las declaraciones de Whitten en el blog de Google, “si estás conectado a tu cuenta, puede que combinemos la información que has proporcionado en uno de los servicios con la información de otros servicios”, al hacerse eco de la noticia, informaba que, según la compañía, el cambio está enfocado  a una futura mejora de la precisión en las búsquedas de Google. Según se explica en un vídeo sobre la nueva política de privacidad, si el usuario ya ha expresado en un correo electrónico su interés por los animales, el buscador le mostrará un felino, y no un automóvil, cuando teclee la palabra “jaguar”. “Esto puede significar, incluso, que podamos decirte cuándo llegas tarde a una reunión, basándonos en tu localización, tu calendario y las condiciones del tráfico en tu localidad” comenta Google en el citado vídeo.

Los cambios introducidos por Google y las redes sociales, cambian la forma en que muchos entendían Internet, que deja de ser un medio estático para interactuar como un auténtico asesor de contenidos, si los cambios son para bien o mal, o su utilidad y evolución lo veremos con el tiempo, en las nuevas tecnologías los tiempos generan cambios a mayor velocidad, que la propia sociedad o el mismo derecho. Son ahora las instituciones en materia de protección de datos quienes deben estudiar y clarificar si con sus cambios se incumple o no, y si de estos cambios tecnológicos se debe modificar o ampliar la legislación vigente. Pero en último término debe ser el propio usuario quien tome en consideración su privacidad, y vigile que información vuelca en la red. Cuando subimos información esta se indexa y comienza a repercutirse en una infinidad de web perdiendo muchas veces el rastro de la información, un uso racional y responsable de las redes sociales y la información es la mejor herramienta para asegurar nuestra privacidad y el derecho al honor y la intimidad.

martes, 28 de mayo de 2013

¿Victimas o delincuentes? La inmigración femenina en España

El objeto de estudio de este trabajo, se centra en el colectivo extranjero femenino, y en concreto en la gran diferencia que existe entre el número de extranjeros de sexo masculino reclusos (91%) y el número de extranjeras reclusas en España (9%), así como en la posición de esta misma inmigración femenina como víctimas de delitos cometidos en nuestro país.
La media de delincuentes recluidos en las prisiones españolas, ronda los 75.927. De ellos, el porcentaje de hombres en prisión, es del 92%, pues el numero de delincuentes de sexo masculino es aproximadamente de 69.856 (media obtenida de sumar los reclusos por meses y dividirlo entre los mismos) mientras que el porcentaje de mujeres se reduce al 8%, siendo la media de delincuentes de sexo femenino aproximadamente de 6.070 (utilizando el mismo método para calcularlo).

Bajo estas premisas, el trabajo se centra en el análisis de la delincuencia extranjera femenina en España, y  a su vez, en el papel que desempeñan como víctimas de esta delincuencia. ¿Son “más” victimas, o “más” delincuentes?

lunes, 27 de mayo de 2013

¿Será similar la regulación del Comercio Electrónico en América Latina a la regulación actual en España?


Sobre la protección de datos en el comercio electrónico y con el fin de que se regularice en los países donde no exista una ley para su normalización, concluyó  este viernes en Santo domingo, (República Dominicana) el “III Foro Internacional de Protección al Consumidor”.

Los países participantes apoyaron la inclusión del tema de comercio electrónico y  servicios financieros, Educación al consumidor,  y protección de datos  proponiendo que  serán  revisión y discutido en la próxima reunión.

Las Directivas del Parlamento Europeo que han servido de base para la redacción de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico en España, son:
·           Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE.
·           Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).
·           Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
·           Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

Nuestra Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSI), asegura la validez y eficacia de los contratos que se celebren por vía electrónica, aunque no consten en soporte papel. Se equipara la forma electrónica a la forma escrita y se refuerza la eficacia de los documentos electrónicos como prueba ante los Tribunales,  resultando también éstos admisibles en juicio como prueba documental.

Pueden celebrarse por vía electrónica todo tipo de contratos, salvo los relativos al Derecho de familia y sucesiones, por ejemplo adopciones, matrimonio o testamento. Si los contratos deben ir seguidos del cumplimiento de ciertos requisitos formales, como su elevación a escritura pública o su inscripción en algún Registro, dichos requisitos seguirán siendo exigibles para que el contrato sea plenamente válido o eficaz.
Igualmente prevé que las Administraciones Públicas deberán fomentar la elaboración y aplicación de códigos de conducta e impulsar la participación en los mismos de todas las asociaciones y organizaciones interesadas.

Asimismo, establece que los códigos de conducta serán accesibles por vía telemática, debiendo informar los prestadores de servicios a los usuarios sobre los códigos a que se han adherido y la forma de consultarlos electrónicamente. La adhesión a un Código de conducta es voluntaria.

En este sentido, nuestra Ley potencia especialmente los instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos por medios electrónicos, para que éstos puedan solucionarse de manera sencilla, cómoda y económica para las partes.

Los consumidores y usuarios podrán ejercer también una acción judicial de cesación para obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione sus intereses. Esta acción podrá ejercerse ante la jurisdicción civil por un procedimiento ágil y rápido.

Los procedimientos existentes para la resolución judicial y extrajudicial de conflictos en relación con los servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico son los siguientes:

Procedimientos de resolución judicial de conflictos

Los usuarios tienen a su disposición todo el repertorio de acciones civiles y penales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por vía electrónica, la reparación debida por la producción de daños y perjuicios o que se restaure la legalidad ante la comisión de un hecho delictivo perpetrado con la ayuda de medios electrónicos.
La LSSI añade a éstas una nueva acción, la acción de cesación, dirigida a obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios o a prohibir su reiteración futura.
Esta acción podrá ser ejercida por las personas, asociaciones o grupos de consumidores y usuarios perjudicados, así como por el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con competencias en materia de defensa de los consumidores. Se reconoce igualmente capacidad a las entidades legitimadas en otros Estados miembros de la Unión Europea para ejercitar esta acción si la conducta lesiva tiene su origen en la actividad de un prestador de servicios español.
El procedimiento de tramitación de esta acción se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos

Hay muchos tipos de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, desde los más simples, como la institución de un "defensor del cliente" o de un servicio de reclamaciones en la propia empresa, hasta los órganos creados por la propia industria para controlar el cumplimiento de normas deontológicas que se hayan comprometido a cumplir (normalmente incluidas en Códigos de conducta).
Por lo que respecta a los sistemas de arbitraje, además de poder acudir al arbitraje convencional, regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, existe el Arbitraje de Consumo, regulado por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, dictado en desarrollo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que resuelve con carácter vinculante conflictos entre empresas y consumidores, siempre que ambas partes se sometan voluntariamente al mismo. El sistema arbitral de consumo tiene la ventaja de que los conflictos se resuelven con rapidez (en menos de cuatro meses desde que son designados los árbitros) y de forma gratuita para las partes (salvo si las partes solicitan la práctica de determinadas pruebas).
El sistema arbitral de consumo español está integrado dentro de una red europea de órganos de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores, que ha sido concebida para proporcionar un mecanismo rápido, cómodo y económico de resolución de disputas en las relaciones comerciales transfronterizas que se concierten por medios electrónicos.

Durante el foro los participantes se dividieron en dos secciones para abordar  temas de  protección al consumidor y defensa de la competencia, la protección de los datos en el comercio electrónico, los programas educativos dirigidos a proveedores, la cooperación inter-agencia en asuntos de servicios turísticos y la  propuesta sobre comercio electrónico y servicios financieros.
Participaron trece antiguos jefes de agencias de protección al consumidor y defensa de la competencia latinoamericanos que sirven de guía estratégica para las actividades del programa y de la UNCTAD , y del Instituto de Protección al Consumidor.

Presentación de la declaración de Lima del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos




El pasado viernes 12 de abril de 2013, fue presentada, en la ciudad de Lima (Perú), en el transcurso del Seminario de Derecho Constitucional la primera Declaración emanada en el seno del Observatorio Iberoamericano deProtección de Datos, del que me honro en formar parte. El seminario, organizado por la prestigiosa Sociedad Iusfilosfica Atlantida, contó con las intervenciones del Doctor Luis Sáenz Davalos (El contenido especial de los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) y del Doctor José Reynaldo López Viera (El Neoconstitucionalismo y sus implicancias en el derecho. Análisis y críticas), quien dió lectura de la Declaración.

La Declaración de Lima, hacia la unificación de criterios sobre protección de datos en Iberoamérica, contó en su elabroación con la particpación de expertos de España, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, entre los que cabe reseñar el Prof. Emilio Suñé Llina, el propio José Reynaldo Lopez Viera, la Dra. Ines Tornabene, Óscar Costa Roman, Marta Sánchez Valdeón, los abogados Andrés Blázquez García, Romina Florencia Cabrera, Camilo Alfonso Escobar Mora, José María Fernández-Varela Villamor y Damián Armijo Álvarez, coordinados por Daniel A. López Carballo.

La Declaración nace como reflexión y exposición de la situación de la situación actual en materia de protección de datos en Iberoamérica y las líneas programáticas por los que se debería apostar en pro de una mayor protección del derecho a la intimidad, la propia imagen y el honor de las personas, en una rama del derecho tan necesaria y en ocasiones desconocida por los ciudadanos.

Texto de la declaración:



HACIA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN IBEROAMÉRICA
EN LA CIUDAD DE LIMA, A 12 DE ABRIL DE 2013

El Derecho Constitucional en Iberoamérica ampara y establece las garantías y mecanismos para la defensa y promoción de la protección de datos personales. Los estados democráticos, se basan en los principios de soberanía popular, representación ciudadana, independencia de poderes, protección y promoción de los derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales. 
El derecho de las personas sobre la protección de sus datos, íntimamente ligado al ámbito del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen; se encuentra regulado en la mayor parte de las legislaciones iberoamericanas en el marco del llamado habeas data, como garantía constitucional. Cada vez son más los Estados que cuentan con normas específicas en materia de protección de datos, adaptando el resto de leyes, decretos y otra normativa para una mejor salvaguarda de los derechos de las personas, así como su tutela judicial efectiva.
En un mundo globalizado, en el que la movilidad, no sólo geográfica, si no también económica, profesional, bancaria, ... juega un papel tan importante, las transferencias internacionales de datos, físicamente o a través de la propia red, la implantación de las empresas en diferentes países, así como la propia movilidad de las personas, implican un flujo constante de información, que debe someterse a los cánones internacionales y la legislación propia de cada Estado, en aras de proteger la intimidad de las personas, garantizando su privacidad y la protección de su información.
La protección de los datos de las personas es un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas que protege la libertad individual, la libertad de expresión, la intimidad y la dignidad personal.
El Consejo de Europa define el derecho a la privacidad como un derecho humano fundamental, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos definen a la privacidad como un derecho “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”, por lo que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Este derecho debe cubrir todos los aspectos de la vida del individuo así como el tratamiento de sus datos personales por organizaciones públicas y privadas. Sólo mediante una correcta información y formación de las personas se pueden prevenir utilizaciones delictivas de su información y el daño que ello conlleva al individuo y su entorno.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer la legalidad en la recopilación de sus datos, quedando estos habilitados para, en caso de haberse recabado de forma ilegal, solicitar la correspondiente sanción a los responsables, aumentando el nivel de transparencia en el acceso a la información, así como el tratamiento y personas o entidades que acceden o son cesionarios de la misma.
La diferentes Constituciones Iberoamericanas reconocen dicho derecho fundamental, recogiendo que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Cada vez son más los países iberoamericanos que cuentan con una legislación específica en materia de protección de datos, así como de medios legales y organizativos para proteger el derecho a la privacidad y al honor de los ciudadanos.
El marco regulatorio en Iberoamérica ha avanzado mucho en los últimos años, tanto a nivel nacional como interno en cada país. Pero este avance no se ha visto acompañado aún por un crecimiento de los organismos nacionales y locales que sean autoridad en materia de protección de datos personales. Y tampoco se ve aún un posicionamiento importante de la temática en las agendas políticas. El trabajo de las autoridades existentes, de los organismos no gubernamentales, de los académicos y de todos los interesados debe dirigirse y focalizarse a la concientización en materia de protección de los datos personales, del cuidado de la ciberseguridad y de un verdadero trabajo en red e interrelacionado donde se coordinen políticas y gestiones que den por resultado un verdadero trabajo internacional en una temática que ya no admite fronteras.
Se debe dotar a las instituciones y al propio ciudadano de mecanismos y acciones para la protección de la información, que garanticen tanto el control de la seguridad y la correcta obtención y tratamiento de los datos, como el ejercicio del derecho de acceso a la información, de rectificarla o corregirla, de cancelarla o requerir la supresión de la información y el oponerse a un determinado tratamiento de los datos por parte de las personas, garantizando el principio de autodeterminación informativa.
En un mundo globalizado donde la información es tratada en diferentes Estados por multitud de personas, las acciones deben ser comunes y la persecución de las irregularidades y vulneraciones de las garantías constitucionales debe contar con la acción conjunta de la comunidad iberoamericana y sus socios estratégicos.
Debe progresarse hacia un marco jurídico común que cree un espacio de seguridad jurídica tanto en el ámbito empresarial y las transacciones económicas y de servicios, como de la libre circulación de las personas y sus relaciones más allá de su espacio cotidiano, donde Internet juega un papel fundamental y los datos se propagan a gran velocidad por las redes sociales.
Sólo mediante la cimentación del ordenamiento jurídico sobre unos principios generales, dúctiles y transversales, disminuyendo la incertidumbre de los ciudadanos y aportando claridad en la interpretación y en la aplicación del derecho a la protección de los datos personales, tomando como base el derecho sustantivo y procesal preexistente en Iberoamérica, desde el más profundo respeto a las bases constitucionales, que son garantía de la libertad y estado de derecho.
El avance de las nuevas tecnologías, y creación de espacios supranacionales en el ámbito de Internet, conllevan la aparición de nuevas figuras jurídicas, y favorecen el desarrollo personal de los ciudadanos y el acceso a la información. La utilización de las mismas en ámbitos como el educativo deben llevar implícita una formación de las personas en materia de privacidad, un mayor conocimiento de sus derechos y obligaciones y una mayor formación que conlleve una protección de su intimidad.
La correcta utilización de las redes sociales y los medios de comunicación debe garantizar la protección de aquellos más vulnerables, en la educación de dichos valores deben intervenir, no sólo la propia familia, sino también instituciones educativas y la propia administración. La prevención de abusos en materia de protección de datos y una correcta formación evitan la vulneración de los derechos fundamentales de la persona y la consecución de delitos.
Es necesaria una formación y capacitación en las tecnologías de la información y la comunicación en todos los sectores laborales, pero con especial importancia en el de la educación, ya que de esta forma se conseguirá una rápida adaptación y concienciación, por parte de toda la sociedad, a las nuevas herramientas que se han desarrollado en las últimas décadas, ya que es obligación de los educadores la transmisión de sus conocimientos.
La legislación debe adaptarse a los nuevos tiempos, regulando nuevas figuras delictivas que atentan contra la intimidad y la seguridad jurídica de las personas. Los Estados deben facilitar mecanismos, formales y materiales, para una correcta protección de los ciudadanos, más allá de sus fronteras o de las nacionalidades de los mismos.
La información y la divulgación de los derechos de las personas en materia de protección de datos debe ser una prioridad de las instituciones nacionales, desde la infancia hasta la madurez, educar en valores, tanto para protección de la propia intimidad, como la de los demás ciudadanos.
El derecho a la intimidad debe ser un compromiso de todos. La denuncia de situaciones de ilegalidad o vulneraciones de la privacidad, la adopción de medidas de seguridad, no sólo en el ámbito empresarial, y la adaptación a la realidad, a los nuevos medios y canales de comunicación existentes, debe ser una prioridad legislativa y social.
Las legislaciones nacionales deben avanzar hacia la adopción de estándares comunes de seguridad, por lo que se debe seguir el camino normativo que conlleve a una legislación común, homogeneizada en la materia, mediante la instauración de instituciones nacionales, órganos de control específicos, con potestades de intervención inmediata, que deberán tener garantías de independencia e imparcialidad, que vigilen por el correcto funcionamiento de los mecanismos constitucionales y un sistema de sanciones común.
Los Estados deben establecer modelos de seguridad, que faciliten las transferencias de datos en condiciones optimas, salvaguardando los principios de integridad y confidencialidad de la información. La cooperación internacional, no sólo desde Iberoamérica, sino con otros Estados y la propia Unión Europea debe ser un pilar clave en la función legislativa y las acciones de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley.
Sólo mediante la adopción de estos criterios normativos comunes, basados en principios jurídicos claros y del compromiso decidido de los Estados, sus instituciones y de los propios ciudadanos, se podrá garantizar una correcta protección de la intimidad, el derecho al honor y la privacidad de las personas, así como la protección de sus datos personales.